La Crisis económica ha supuesto un duro golpe para España. El sistemapolítico se ve desacreditado ante el colapso del llamado “Estado de Bienestar” y la anunciada desaparición de la “clase media”. A pesar de los esfuerzos del Gobierno español para camuflar la realidad mediante tecnicismos eufemísticos, las medidas financieras y represivas aplicadas siguen el mismo modelo utilizado en la castigada Grecia. En España la gente está furiosa y numerosas luchas ganan fuerza. Luchas autónomas que presentan alternativas basadas en la solidaridad y que señalan a los culpables: el capitalismo, sus precursores y, para algunas de ellas, también el Estado. Hay grupos organizándose en los lugares de trabajo más allá del marco impuesto por los sindicatos oficiales, paralizando desahucios, enfrentándose a la policía, okupando, oponiéndose a los macro proyectos de la corrupta clase dirigente; e incluso generando proyectos de autogestión que, pese a su carácter local, tienen gran apoyo popular.
Por desgracia, y a pesar del trabajo y entusiasmo de los diversos colectivos, estas iniciativas no son suficientes para desencadenar un cambio drástico en el sistema; pero mantienen en tensión a jefes y políticos. También hay quienes se apropian de la energía y discursos populares para presentarse como líderes políticos del futuro. Algunos, ansiando la silla parlamentaria hablan de “regeneración democrática” y de recuperación del “Estado de Bienestar”; promulgan que debemos “ser realistas” mientras hacen llamamientos al “voto útil” promoviendo ideas reformistas que pretenden aislar y desacreditar aquello que consideran “elementos radicales”.
El gobierno español es consciente de que los discursos anestesiantes de los autoproclamados nuevos “líderes del pueblo” no son suficientes para calmar las ansias de cambios estructurales. Para ello, un ejército de periodistas, políticos y trabajadores del gobierno han sido movilizados para asegurarse de que nadie traspasa los límites, para acallar a los que no sucumben a la seducción reformista. Pese a todo, su principal arma sigue siendo la misma de siempre: Represión. Desde el fin de la dictadura franquista, España encabeza las listas de la EU respecto a población carcelaria, torturas y violaciones de derechos básicos.
La tensión social en el contexto español se traduce automáticamente en un aumento de la intensidad de estas prácticas represivas. Con ese fin se han promulgado cambios legislativos que generan un marco legal para medidas que de otro modo serían impensables.
El endurecimiento del Código penal y la aprobación de la Ley Mordaza responden a este interés coercitivo. Saben que cualquier respuesta a la oleada represiva que aspire a convertirse en una propuesta respetable de “oposición política” perderá su fuerza a medio plazo, atrapada en la inercia del sistema que promulgaba aborrecer. La historia de la izquierda española está llena de ejemplos de domesticación y traición. Por lo que aquello que temen no son los nuevos partidos políticos ni los sindicatos oficiales, lo que les aterra son las insurrecciones espontaneas y aquellas personas que las promueven y mantienen vivas; esto es, la organización y las redes de solidaridad efectiva que surgen al margen de la oposición oficial, la contestación no-autorizada.
Con el objetivo de desactivar y desacreditar las oleadas de solidaridad insubordinada, la clase dirigente trabaja para crear un determinado perfil que justifique el despliegue de su aparato represor. El “Anarco-terrorista”, el agitador; definido como un personaje desequilibrado, aislado, violento e irracional. En este contexto de histeria social, el 30 de Marzo se produjo una nueva ola de represión contra el movimiento anarquista.
La policía y la Audiencia Nacional (institución herencia del Franquismo ahora especializada en “perseguir el terrorismo democráticamente”) organizaron la detención de 38 compañeros en Palencia, Barcelona, Madrid y Granada en el marco de la llamada Operación Piñata. El modo en que fueron realizadas las detenciones hace pensar que se trata de una continuación de la Operación Pandora que tuvo lugar en diciembre del año pasado. Se realizaron 17 registros, 6 de ellos en Centros Sociales Okupados (CSOs), con el resultado de 38 detenidos e infinidad de material confiscado. Catorce de los detenidos fueron acusados de resistencia a la autoridad y desobediencia, once de usurpación y trece por pertenencia a una organización criminal con fines terroristas, acusados de sabotaje y posesión de artefactos explosivos e incendiarios. Cinco de los compañeros arrestados permanecen en prisión preventiva, mientras el resto se encuentra en libertad con cargos. Solo sabemos que su detención está vinculada a su participación activa en la organización Grupos Anarquistas Coordinados (GAC).
La OP fue ordenada por el juez Eloy Velasco y la estrategia seguida en las redadas fue similar a la de operaciones anteriores: numerosas detenciones, entrar a la fuerza en centros sociales y casas particulares, gran despliegue policial y actitud intimidatoria, absoluta falta de transparencia en la actuación policial y judicial, pero sobretodo ruido, mucho ruido y alarma social en los medios. Para el juez Velasco los detenidos no están en prisión por sus acciones, sino por el peligro que la organización a la que pertenecen podría suponer en el futuro. Esta lógica ya apareció en las declaraciones que, Junio de 2014 hizo el director general de la Policía Nacional. En las cuales aseguraba que la lucha contra el “anarco-terrorismo” que, según él se ha asentado recientemente en el país, “es una prioridad para la policía española”. De todos modos, si su intención era intimidar y aislar al movimiento anarquista este ha sido un mal comienzo. Tan solo unas horas después del inicio de la OP una oleada de respuestas en solidaridad tuvieron lugar en todo el país e incluso en el extranjero.
Cada vez más personas, dentro y fuera de España cuestionan la distorsionada imagen del anarquismo que presentan la policía y los medios. En lugar de estigmatizar a los detenidos, lo que han conseguido es que millares de personas salieran a la calle en solidaridad con ellos y en contra de la represión. Miles de personas se identifican con los detenidos reconociendo que España, como otros muchos lugares de Europa, se ha convertido en una trampa para aquellos que no aceptan convertirse en sujetos sumisos.
Queremos hacer un llamamiento a la solidaridad con los anarquistas españoles. Creemos que España se está convirtiendo en un estado policial porque el Gobierno está asustado. Asustado de la coherencia en la crítica y las prácticas que los anarquistas representas y, sobretodo, de la incidencia que estas están teniendo en la población de un país con una larga historia de revueltas. No podemos dejarles solos, debemos difundir la información y organizar acciones de solidaridad más allá de las fronteras del Estado español.
¡Libertad para los presos anarquistas!
¡Ahora y siempre, muerte al Estado y viva la Anarquía!
(Tomado de https://insurrecto36.wordpress.com)